En el Rodeo I hay más de 60 presos políticos y sus familiares la describen como un lugar donde se violan los derechos humanos: Incomunicación, aislamiento, prohibición de visitas y paquetería, son una de las formas de tortura que les aplican
Tal Cual- Caracas, 29 de enero de 2025. La Cárcel de El Rodeo I, un centro penitenciario construido en los 80’s a las afueras de Caracas, es uno de los principales lugares de reclusión de los presos políticos en Venezuela. Ese edificio, pensado para albergar a delincuentes de máxima seguridad, actualmente tiene entre sus celdas alrededor de 60 personas detenidas por razones políticas.
Abogados y familiares lo describen como un inframundo donde no existen leyes ni mucho menos derechos. Allí las visitas son de 15 minutos, sin contacto físico y a través de un teléfono; las celdas, de dos metros cuadrados, son ocupadas por una letrina y una cama de cemento, totalmente a oscuras, sin acceso a luz natural.
La alimentación en ese lugar, «es lo más deprimente que he comido en mi vida» -dijo uno de los presos a su familiar en relación con la comida- que, según testimonios, es baja en contenido nutricional.
«Todos presentan una perdida importante de peso», señala uno de los abogados.
No permiten a los visitantes llevar comida y los artículos personales como crema dental, champú y jabones, deben ser ingresados en bolsas de plástico transparentes. Pueden salir al sol 1 hora al día y sin tener ningún tipo de interacción con otros presos.
Pero, ellos no gozan de estas precarias condiciones todo el tiempo. Así es como viven normalmente. Si el director de la cárcel, el teniente Coronel, Carlos Enrique Rincones Serven, alias «Tiburón», amanece de mal humor o recibe la orden de que sea distinto, todo puede
Incomunicación como castigo
El 12 de diciembre del año pasado, cerca de una veintena de presos políticos iniciaron una huelga interna para exigir mejores condiciones. Ya que para los presos por delitos comunes, la vida en ese centro sobrepoblado de reclusos, es mejor. Pero, desde entonces no solo fueron golpeados y torturados por reclamar sus derechos, sino que su situación dentro de ese penal, empeoro.
Desde esa fecha se encuentran aislados, incomunicados, sin acceso a sus abogados ni familiares. Tampoco a recibir paquetería, la foto ni las dos cartas que le corresponden por visita. «Les avisaremos cuando retomen las visitas», dicen los funcionarios que custodian la cárcel, pero ya han pasado más de 40 días y aun el mensaje no ha llegado.
Según la Organización de las Naciones Unidas, someter a un detenido por más de 15 días en aislamiento es una forma de tortura. La Declaración de la Asociación Médica Mundial señala que el aislamiento carcelario prolongado o indefinido «debe ser prohibido, ya que equivale a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.».
Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, detenido por el caso de magnicidio de 2018, manifestó su preocupación por los días que tienen sin conocer sobre su estado físico y de salud.
“Lo último que supimos fue que fueron golpeados y torturados por protestar”, expresó, con temor, porque si algún funcionario del gobierno de Nicolás Maduro se entera de que han declarado sobre la situación, a la prensa «les irá peor». Así son amenazados.
Por esta razón, el martes 21 de enero acudieron a la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas para exigir fe de vida de este grupo de personas. Señalan que temen que alguno de ellos no esté bien.
«Ese centro es lo más cruel que he podido presenciar en todo este tiempo», comenta una de las madres de los presos políticos.
Desconocimiento del debido proceso
Uno de los abogados asegura que la cárcel del Rodeo I es un centro de reclusión que reúne «pésimas condiciones de reclusión». Los pequeños calabozos presentan temperaturas muy bajas y paredes con humedad, lo cual afecta la salud de los detenidos que viven 23 horas del día allí, ocasionándoles enfermedades de la piel y pulmonares. Además, estar expuestos a la letrina, incrementa su vulnerabilidad.
Las condiciones de ese calabozo son fatales. «Los sacan una hora al patio, solo les permiten la lectura de la Biblia y últimamente le pasan un libro que ellos consideren que puedan leer», agregó.
Un familiar de Oswaldo Castillo, estudiante del décimo semestre de ingeniería, vinculado al caso «dron». Expresó su preocupación por el joven, a quien no ven desde el pasado 7 de diciembre.
«Tenemos más de un mes sin visita. No sé cómo está, no sé cómo se encuentra su salud física y mental. No tenemos ningún tipo de comunicación con él», denuncia.
Castillo fue detenido dos meses después de ocurrido el intento de magnicidio denunciado por Nicolás Maduro, en agosto de 2018. Se encuentra en Rodeo I desde abril del año pasado, cuando a él junto a otros presos políticos los trasladaron engañados a esa cárcel. Les dijeron que irían a un chequeo médico, pero el destino fue el centro de reclusión ubicado en el municipio Zamora, cerca de Guatire, en el estado Miranda.
En ese momento, la ONG Justicia Encuentro y Perdón, denunció el traslado de aproximadamente 40 hombres que permanecían presos por motivos políticos en la sede del Sebin del Helicoide y en la Dgcim de Boleíta, sin orden de un tribunal y bajo engaño, «lejos del acceso a sus familias, en un centro de detención de máxima seguridad donde están expuestos a tratos crueles, inhumanos y degradantes». En el mismo texto lo describieron como: «un nuevo centro de torturas».
Theresly Malavé, abogado defensora de los derechos humanos, expresó que todas estas condiciones de reclusión violan las reglas mínimas establecidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
Malavé, quien defiende a dos presos políticos que están allí, asegura que en los 9 meses que han transcurrido desde el traslado no ha podido verlos. Le exigen la designación del tribunal en original, documento que es casi imposible obtenerlo. Es una manera más de incomunicar a la defensa con el detenido.
«Hemos tenido la oportunidad de hacer las audiencias a Juan Carlos Caguaripano de forma telemática -por teléfono desde la cárcel- custodiado por funcionarios». Asegura, viola el debido proceso porque cada persona detenida tiene derecho a estar con el abogado en las audiencias, hablar y conocer el expediente. Eso, en El Rodeo I, no se cumple.
«Los abogados no tenemos posibilidad de estar con nuestros defendidos. No tienen permitido conversar con nosotros. Incluso hemos intentado conversar y los funcionarios les llaman la atención. «Es imposible comunicarse de manera fluida y sin coacción con ellos»
Una tortuosa visita
Los familiares que tienen presos políticos en el Rodeo, no solo tienen que cargar con todo lo que implica esa condición, sino que, además, para ver a sus parientes —cuando les permiten— deben vivir momentos de horror.
Muchos deben trasladarse al estado Miranda desde varias partes del país, lo que implica un gasto por encima de los 100 dólares, aproximadamente.
Pero antes de viajar comienza la penuria. Existe un código de vestimenta que tienen que cumplir: jeans claros, botas, franela blanca y cabello suelto. No permiten nada de trenzas ni accesorios como anillos, zarcillos, reloj o colas.
Al llegar a la cárcel —si corren con la suerte de tener visita—, la primera impresión que tienen es de una inmensa pared blanca. Luego, al pasar hacia la entrada de las visitas, el lugar está repleto de funcionarios vestidos de negros con capuchas y lentes. «No se le puede ver ninguna parte del cuerpo, algunos usan hasta guantes y no le podemos ver ni las manos», comenta un familiar.
Al atravesar esa sala, deben llenar una planilla con todos los datos sobre el visitante y el recluso. Una vez superada esa etapa, pasan a unas sillas donde van haciendo la revisión corporal. Ahí se agrava la situación. En esa requisa les levantan la franela, bajan el pantalón, revisan la ropa interior y hasta el cabello. Todo por funcionarios vestidos de negro completamente y encapuchados. Familiares y abogados que han podido visitarlos, comentan que se sienten vejados.
Al finalizar la requisa, deben pasar por una pantalla de verificación de rostro y, una vez que verifican la identidad. Se abre una puerta que los llevó a una fila de visitantes y allí, esperan a su familiar. Los van llamando uno a uno.
Al escuchar el nombre, le ponen una capucha. No pueden ver nada. Atraviesan la cárcel junto a los custodios que los llevan a la sala de visita.
Se trata de una pequeña habitación con paredes de tela metálica, dos sillas separadas por un vidrio y dos teléfonos para hablar. Están custodiados con funcionarios. No tienen ningún tipo de contacto físico.
A los abogados también les colocan una capucha, los trasladan al locutorio y les permiten hablar 15 minutos con el defendido. Un solo defendido por visita. Eso quiere decir que si el abogado, como en muchos casos, tiene más defendidos detenidos allá, tiene que ir veces distintas.
Ese es todo el proceso para gozar de 15 minutos de visita, porque «si se dice algo indebido, cortan la llamada y se termina».