Redacción La Payara Digital
Familiares señalan irregularidades procesales y aseguran que no existen pruebas que sustenten los delitos imputados
La Payara Digital- Caracas, 14 de marzo de 2025. Junior Ayala, de 32 años de edad, se desempeñaba como ayudante de almacén cuando cuerpos de seguridad se lo llevaron “por averiguaciones” el 19 de agosto de 2025. Tenía apenas dos meses trabajando en el hospital central de Barquisimeto y actualmente es imputado junto a otros diez trabajadores por el presunto ocultamiento de medicamentos vencidos desde hace diez años.
“Su sueldo fue meterlo preso”, sentenció Yender Ayala, hermano de Junior. Explicó que en el sector público un trabajador comienza a percibir su salario a los tres meses de haber ingresado al cargo, por lo que considera que el expediente 4340 de 288 páginas que cursa en el Tribunal Primero de Control del estado Lara, está “viciado”, ya que, a su juicio, la acusación carece de sentido porque los medicamentos estaban en el almacén de centro de salud. Hoy Junior enfrenta una posible condena de 28 años.
Tanto Yender Ayala como Denisse Escalona, hermana de la detenida Anaid Escalona, y Milagros Pérez, familiar del obrero Carlos Enrique Mirabal, aseguraron a El Pitazo este 13 de marzo, que es falso que los trabajadores hayan sido detenidos en flagrancia, como sostiene la acusación fiscal.
Según explicaron, varios de los señalados fueron llamados a presentarse en sus puestos de trabajo y no fueron capturados cometiendo ningún delito. Por ello consideran que carecen de fundamento los cinco cargos imputados: extravío, pérdida, deterioro y daños a bienes del patrimonio; ventaja o beneficio económico de funcionarios públicos; utilidad ilegal por actos de la administración; acaparamiento y asociación para delinquir.
Investigación y detenciones
De acuerdo con una minuta interpuesta por los familiares, la investigación inició el 6 de agosto de 2025, tras una comisión de la Dirección General Contra la Corrupción (DGCC) que indagaba presuntas irregularidades en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP) de Barquisimeto.
Posteriormente, el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) fue comisionado para realizar diligencias dentro del hospital. Según la versión oficial, durante el procedimiento se habrían detectado irregularidades vinculadas con el ocultamiento de insumos médicos, alquiler de equipos hospitalarios y presuntas ventas ilegales de medicamentos.
Los familiares de los detenidos sostienen, sin embargo, que la Fiscalía solo cuenta con “hechos narrativos” y que no existen pruebas físicas que demuestren la extracción irregular de medicamentos o la existencia de una organización para cometer delitos dentro del hospital.
Once trabajadores procesados
En el proceso judicial están imputadas 11 personas: Anaid Escalona, Mariangela Guanipa, Katherine Zambrano, Dannys García, Héctor Yánez, Emigdio Romero, Junior Ayala, Carlos Mirabal, Jackson Escalona, el traumatólogo Antonio Vargas y la gastroenteróloga Francis Pirona.
Todos están siendo juzgados en una misma causa bajo la figura de coautoría, lo que, según los familiares, impide la individualización de responsabilidades.
Denuncian irregularidades procesales
Los familiares también denunciaron presuntas irregularidades en el proceso judicial. Una de ellas es que la audiencia de presentación se realizó entre el 23 y el 24 de agosto de 2025, es decir, cinco días después de las detenciones, lo que constituiría una privación ilegítima de libertad, ya que los imputados debían ser presentados ante un tribunal dentro de las primeras 48 horas tras su arresto.
Además, señalaron que durante la audiencia los fiscales Carlos José Velásquez y Luis Guerra, de la Fiscalía Nacional Contra la Corrupción, solicitaron la reserva de las actas procesales, lo que impidió durante casi 25 días que los abogados defensores accedieran al expediente.
Según los familiares, esto redujo el tiempo efectivo de la defensa para promover diligencias de investigación dentro de la fase preparatoria.
Actualmente, el expediente continúa su curso en un tribunal de juicio, que tenía pautada la apertura de juicio para el próximo 16 de marzo pero fue suspendida porque la juez Wendy Azuajese se inhibió de la causa, informaron los familiares la noche de este 13 de marzo.
Familias piden revisión del caso
Los familiares aseguran haber acudido a diversas instituciones del Estado venezolano, entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo, sin obtener respuesta.
Mientras el expediente sigue su curso en tribunales, las familias aseguran que mantendrán su lucha para demostrar la inocencia de los trabajadores. Afirman que su principal exigencia es que se respeten las garantías judiciales y que el caso sea evaluado con base en pruebas y no en señalamientos.
Con Información: El Pitazo
