“Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual. Entre las víctimas hay niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad”
EFE- Caracas, 16 de Octubre de 2024. La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó este martes, que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género, reseña la agencia Efe.
Las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (Sebin) y militar (Dgcim), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional, explica el documento.
Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión “se amplió de manera significativa” en el periodo electoral abarcando no solo a líderes de la oposición y sociales, agrega la agencia.
En el contexto electoral, los abusos también fueron sufridos por “ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades”, ha indicado.
Ese tipo de campañas “sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”, ha señalado el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.
La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente”, con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, “solo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019”.
Algunas consideraciones del informe
La Misión ha informado que las personas detenidas son amenazadas, incluso con actos de tortura, para que se autoincriminen por hechos que constituyen delitos graves como terrorismo.
La falta de pruebas y la ausencia de abogados de su elección colocan a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad, ya que la autoincriminación podría acarrear penas de prisión desproporcionadamente altas.
Particularmente grave es la situación de los niños, niñas y adolescentes detenidos, quienes enfrentan las mismas amenazas y no están recibiendo las medidas especiales de protección que exige el derecho internacional.
El informe de la Misión confirma la conclusión de que algunas de las graves violaciones de derechos humanos investigadas durante este período fueron cometidas siguiendo la misma línea de conducta previamente calificada por la Misión como crímenes de lesa humanidad.
Además, dichas violaciones, cometidas con una intención discriminatoria, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos en razón de la identidad de las víctimas.
Cabe recordar que la semana pasada, el Consejo de DD.HH. de la ONU aprobó renovar por dos años el mandato de esta misión de determinación de hechos.