Redacción La Payara Digital
La Payara Digital/ Caracas, 06 de marzo de 2025. Más de cien personas privadas de libertad mantienen una huelga de hambre que supera las 96 horas en los calabozos de la subdelegación del CICPC en San Fernando de Apure, en protesta por la paralización de sus procesos judiciales y las condiciones inhumanas en las que permanecen recluidas.
La denuncia fue realizada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que calificó la situación como una muestra extrema de desesperación ante un sistema que “ha abandonado por completo a quienes están bajo su custodia”.
Según el OVP, algunos de los detenidos llevan hasta cinco años recluidos en estos calabozos policiales, pese a que estos espacios están destinados únicamente a detenciones transitorias. Los familiares aseguran que los procesos judiciales no avanzan, que los traslados a tribunales son irregulares y que, cuando finalmente se realizan, las audiencias son diferidas una y otra vez sin justificación.
El organismo documentó que las celdas presentan un nivel crítico de hacinamiento. Muchos detenidos duermen en el piso o en hamacas improvisadas con sábanas. No existen baños adecuados: dentro de las celdas solo hay un hueco que funciona como sanitario, lo que genera olores insoportables y ha provocado brotes de enfermedades infecciosas. Tampoco hay acceso a agua potable; el poco líquido que consumen es llevado por sus familiares.
Los privados de libertad permanecen prácticamente encerrados de forma permanente. No reciben luz solar, no cuentan con espacios para actividades físicas o recreativas y no tienen posibilidad de redimir penas, lo que agrava aún más su situación física y emocional.
Durante los cuatro días que ha durado la huelga, los familiares han acudido a la sede de los tribunales del estado Apure para exigir atención y respuestas. Hasta ahora, denuncian que ninguna autoridad los ha recibido. Ante el silencio institucional, piden que desde Caracas se atienda de inmediato la situación.
El OVP recordó que estas condiciones violan abiertamente el artículo 272 de la Constitución venezolana, que obliga al Estado a garantizar un sistema penitenciario orientado al respeto de la dignidad humana. También contravienen las Reglas Mandela de Naciones Unidas, que establecen estándares mínimos para el trato de personas privadas de libertad.
La organización advirtió que los calabozos policiales se han convertido, en la práctica, en centros de reclusión prolongada, pese a no contar con infraestructura ni condiciones para ello. “Miles de personas permanecen allí durante largos períodos sin acceso a condiciones mínimas de detención ni a garantías básicas de su proceso judicial”, señaló.
