
El diputado enfatizó que los militares utilizan su investidura para el control político y económico, afectando directamente a los emprendedores que intentan llevar productos hacia las tierras indígenas
La Payara Digital- Caracas, 25 de febrero de 2025. El dirigente político y diputado de la Asamblea Nacional (2015), Romel Guzamana, denunció el asedio sistemático que ejercen las alcabalas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y otros cuerpos de seguridad. Según el parlamentario, estos puntos de control se han convertido en una situación irregular que vulnera el libre tránsito y la seguridad ciudadana.
Guzamana propone la eliminación inmediata de estas alcabalas, sugiriendo su sustitución por un programa de protección vial integral que garantice la integridad de transportistas, comerciantes y pasajeros.
Un sistema de «Saqueo Institucionalizado»
El dirigente indígena detalló a la redacción de La Payara Digital que la ruta Amazonas–Apure–Guárico–Centro se ha transformado en una «zona de no ley». Entre los puntos más críticos de su denuncia destacan:
Confiscación Arbitraria: Funcionarios retienen alimentos e insumos médicos sin actas de decomiso, exigiendo «cuotas» de la mercancía para permitir el paso.
Asfixia Logística: El estado Amazonas sufre un aislamiento de facto. Las demoras injustificadas en los controles (que oscilan entre 6 y 10 horas) buscan, según Guzamana, quebrar la voluntad del ciudadano mediante el desgaste físico y la humillación.
Impacto Económico: «Ya no viajamos con la certeza de llegar, sino con la duda de qué nos van a quitar», afirman transportistas afectados en reunión con el diputado. Este «peaje de supervivencia» eleva los costos operativos, provocando desabastecimiento y un aumento de precios para el consumidor final.
El control como arma política: Guzamana señaló que, pese a años de denuncias, ha sido imposible combatir esta «coalición militar», la cual parece tener instrucciones de mantener un cerco de control y confiscación en las fronteras internas del país.
Finalmente, el diputado enfatizó que los militares utilizan su investidura para el control político y económico, afectando directamente a los emprendedores que intentan llevar productos hacia las tierras indígenas y el centro de Venezuela.









